Sabíamos que un poder sin justicia conduce a la opresión y a la tiranía, y que una justicia sin poder nos lleva a la corrupción y a la impunidad. Pero ahora, con una sencilla frase, Rubalcaba se carga todo el equilibrio de poderes, la arquitectura institucional del Estado y la soberanía nacional. Pretende dotar a los parlamentarios de un poder sin límites, el sueño de los sátrapas en todas partes y en cualquier época. Podrían los parlamentarios vascos decretar la expulsión de los Rh- positivos, porque lo que España ni sus tribunales pueden hacer es negar la decisión del Parlamento vasco. Podrían en Andalucía aprobar una legislación esclavizando a las mujeres rubias y despojando de todas sus propiedades a los hombres pelirrojos, porque nadie puede negar la decisión del parlamento andaluz, un parlamento democrático, elegido por el pueblo.
Para evitar estos atropellos se inventó hace tiempo la justicia constitucional. Quienes no entienden que los parlamentarios están sometidos al Estado de Derecho, ignoran todo sobre la naturaleza del estado democrático actual. Estábamos tan acostumbrados a escuchar a políticos nacionalistas deslegitimar al Tribunal Constitucional, que ahora no nos escandaliza que sea un peso pesado del gobierno quien lo haga.
En este artículo de ABC, Manuel Martín Ferrán pone el acento en la burla que supone a la ciudadanía y las consecuencias que acarrea la férrea disciplina de partido que existe en un régimen partitocrático como el que padecemos.
En una partitocracia como la nuestra, cuando el sistema electoral niega la esencia representativa y el Congreso es una mera escenificación litúrgica, el empleo de diputado es algo simbólico y decorativo. Como los maceros que sobreviven en algunos Ayuntamientos, pero sin plumero. Aún así convendría guardar las formas. Lo deseable sería, quizás, un gran pacto para la regeneración democrática y la separación de los poderes del Estado, para que las Autonomías no multipliquen por diez el total del gasto público y dejen sin sentido ni fundamento las más tradicionales instituciones de la Nación; pero, dado que todos, los centrípetos y los centrífugos, se sienten satisfechos con la situación y no se vislumbra posibilidad alguna de revisión constitucional, implántese el disimulo para que el decaído entusiasmo de los contribuyentes no se hunda del todo.
Estoy pensando en el cínico desparpajo de los padres de la Patria, de los 246 diputados que votaron a favor del dictamen de la Comisión del Estado del Diputado. Sólo los portavoces de cada grupo, según costumbre establecida y unánimemente consensuada, conocían el texto que el presidente del Congreso, José Bono, sometía a la consideración de sus señorías. Los demás votaron a ciegas y, al hacerlo, consagraron el derecho de los diputados a compatibilizar su trabajo supuestamente representativo con otros de naturaleza particular y, se supone, lucrativa.
La opacidad arraiga como fundamento de nuestra convivencia. Hasta el Presupuesto se aprueba sin que conste que ese será, y no otro, el capítulo de gastos e ingresos del Estado: aún a sabiendas de que las circunstancias niegan la posibilidad de cumplir lo que se aprueba, una exhibición de desprecio a los electores. Pero que los diputados voten sin saber lo que votan, en la más absoluta oscuridad, es el límite de la decencia democrática. No es cosa de entrar en el fulanismo y subrayar el nombre de los principales beneficiarios de esa conducta laxa y compartida porque lo que realmente se resquebraja con prácticas de esa naturaleza es el espíritu que debiera animar nuestra Constitución y presidir nuestra convivencia; pero una sesión parlamentaria con 336 asistentes y el acuerdo previo de que nadie haga uso de la palabra, en la que se vota algo que la mayoría desconoce y que, en cualquier caso, establece el privilegio de algunos de los votantes es, en el mejor de los casos, un cachondeo.
Tras Pablo Molina, le toca el turno a Luís del Pino, que responde al primero con un artículo si cabe más revelador. Aquí ya introduce un nuevo elemento: el caracter pseudodemocrático de la III Restauración. Nota: a pesar de lo acertado de su diagnóstico, no hay que dejarse llevar por el carácter optimista de LdP, pues la casta política corrupta puede sobrevivir aunque no quede nada que robar, que se lo digan a los argentinos.
Sostiene Pablo Molina en un artículo que estamos asistiendo al fin de la Segunda Restauración. Y un repaso a algunas de las noticias publicadas en las últimas fechas constituye la mejor ilustración de que, en efecto, el estado de cosas surgido de la Transición ha dado de sí todo cuanto podía dar.
España se ha retirado de la Asamblea Parlamentaria de Seguridad y Defensa de la Unión Europea Occidental, con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, precisamente en el momento en que le tocaba presidir ese organismo. Que se aduzcan motivos presupuestarios para la retirada no deja de ser curioso, cuando seguimos gastando dinero a espuertas en embajadas catalanas o en decorar despachos de nuevo rico. ¿Qué motivo real hay para esa retirada?
El PP defiende, junto con el tripartito catalán, la desaparición del Defensor del Pueblo en Cataluña. A partir de ahora, otro aspecto más de la Constitución que deja de tener vigencia en una parte del territorio español. Y además, con la complicidad del PP, tanto más grave cuanto que parece completamente innecesaria.
El Mundo apunta hoy a un posible caso de corrupción de ese ex-ministro popular que tan inteligentemente pactó con el PSOE la eutanasia obligatoria de la Justicia independiente en España.
El País destapa los supuestos enjuagues económicos en el ayuntamiento de Castro Urdiales, en donde aparecen mezclados personajes procedentes de todos los partidos.
Aunque debo reconocer que lo que personalmente me escandaliza más es la noticia de que las seis comunidades con estatutos de autonomía reformados han decidido unificar hoy las licencias de caza, supongo que para que los pobres ministros no cacen ilegalmente por error en sitios donde no cuentan con autorización. De nuevo una entente PP-PSOE en pro del bien común.
Para que los padres puedan educar a sus hijos en castellano en todo el territorio español, no mueven un dedo. Para que la bandera nacional ondee en todos los ayuntamientos, como la Constitución marca, tampoco. Para que se disuelvan ayuntamientos gobernados por terroristas, ni descuelgan el teléfono. Para que la gente pueda rotular en castellano su comercio, ni se molestan en levantar la vista. Para que acudamos al médico donde nos de la gana, sin tener que hacer trescientos mil papeleos, no se preocupan de unificar marcos legales.
Pero para convalidar las licencias de caza se ponen de acuerdo en 24 horas.
¡Olé sus narices!
Definitivamente, el régimen constitucional del 78 está muerto. El paso a un nuevo régimen es ya imparable, porque nuestra clase política ha entrado en descomposición.
Aunque, en contra de lo que hubieran querido quienes quisieron superar el régimen actual mediante el 11-M , el cambio de régimen al que vamos irá en sentido justamente contrario. Más que nada, porque estos figuras que nos gobiernan a todos los niveles se han pasado tres pueblos en el peor de los momentos posibles.
¿Qué se puede hacer en las circunstancias actuales, me preguntaba el otro día uno de los miembros del blog? Pues muy sencillo: esperar. La fortaleza principal de la cleptocracia radica en que, cuando un estado entra en la espiral de la corrupción, todo tiene un precio. Y son muchos los dispuestos a colaborar, por acción o por omisión, en el mantenimiento del chiringuito. Así que resulta muy difícil sacudirse de encima ese tipo de régimen.
Pero esa misma fortaleza de la cleptocracia constituye, a la vez, su mayor debilidad. Porque el sistema no puede mantenerse si la máquina de inyectar dinero se detiene. El poder de la casta radica, única y exclusivamente, en la disponibilidad de dinero líquido con el que comprar voluntades. Y el problema es que ya no queda ni un miserable euro que robar, porque ya nos lo han robado todo. Así que cada día que pase, el poder de esta cleptocracia irá debilitándose. Con lo cual no les queda ya otra opción que apretar el acelerador y huir hacia adelante. Y, para desgracia suya y suerte nuestra, no cuentan ya con fuerzas suficientes.
Pensándolo bien, resulta bastante irónico que la Nación española vaya a ser salvada por la campana de una crisis económica como no se había visto en los últimos 70 años, aunque me temo que nos va a tocar a todos pasarlo bastante mal en los años venideros. Porque no va a resultar nada fácil tener que afrontar esa crisis con una elite dirigente en completa descomposición y teniendo que repensar entre todos la estructura del Estado.
Pero dicen que en los problemas están las oportunidades. Y el colapso de este régimen nos abre la puerta a poder disfrutar, por fin, de una verdadera democracia, en una Nación de ciudadanos libres e iguales. Para lo cual nos tocará a todos arrimar el hombro. Y mucho.
Da gusto ver cómo los periodistas, intelectuales, historiadores, filósofos y juristas más decentes que hay en España se van dando cuenta, poco a poco, de que el régimen nacido en 1978 ha fracasado ya estrepitosamente. Esta semana le ha tocado a Pablo Molina en Libertad Digital, con este artículo que se centra en una de las tres patas del régimen del 78: el Estado de las Autonomías. Yo sostengo la tesis de que la Partitocracia española va a ser la primera en caer (y la que menos tiempo ha durado) de todo el continente europeo, precisamente por culpa del Estado de las Autonomías. Bueno, que disfrutéis el siguiente artículo.
La segunda restauración borbónica, obra de Franco (con perdón), llega a su fin como sistema político. Lo siento por los que aún hacen palmas con las orejas cuando se refieren a la GTE (Gloriosa Transición Española), pero el régimen no da más de sí.
Hay todo un catálogo de síntomas que resaltan la evidencia de que estamos en los estertores finales del Estado Autonómico, pero ningún partido político va a reconocer este fracaso colectivo, por la parte que a cada uno le toca, así que nos vemos abocados a contemplar la lenta muerte de un sistema que nació predestinado a un fin tan cercano como poco presentable.
No es sólo que las autonomías hayan consumido recursos, energías y esfuerzos que podrían haberse destinado al fortalecimiento de una nación unida y próspera. Es que, aunque hubiéramos tenido políticos periféricos con sentido de estado, el proceso hubiera acabado derrapando igualmente, si bien a menor velocidad y con mayor decoro.
Los partidos nacionalistas, con la aquiescencia expresa del resto del arco político, han creado unos miniestados que resulta imposible mantener, con el agravante de que el proceso exige una dosis cada vez mayor de autoritarismo centrífugo, sin el cual les resultaría difícil legitimar su existencia y seguir acaparando el poder. Ahorro al lector la larga lista de despilfarros absurdos que la clase política nacionalista viene protagonizando en los últimos tiempos, como si la crisis no fuera con ellos (de hecho, no va con ellos). Y por si no bastara con conceder autogobierno a las nacionalidades históricas (por cierto, ¿hay alguna que lo sea con más títulos que Castilla?), la fórmula del "café para todos", puesta en práctica por Adolfo Suárez, acabó de redondear la catástrofe.
No hay en el mundo país del tamaño del nuestro que pueda sostener diecisiete parlamentos autonómicos, con sus diecisiete minigobiernos, dilapidando una parte cada vez mayor de los fondos públicos y creando su propia legislación en abierta oposición a la del resto de comunidades y a la del estado. No hay país capaz de progresar cuando una región impide que el estado construya una infraestructura vital para el desarrollo de las provincias limítrofes sin otro criterio que el ideológico, por llamarlo de alguna manera.
No hay país que sobreviva al hecho de que los ciudadanos que vivan en determinadas partes de su territorio no puedan utilizar el idioma nacional en la vida pública ni educar a sus hijos en la lengua materna, con el destrozo consiguiente para el futuro profesional de toda una generación. No hay país capaz de soportar por mucho tiempo un orden político en el que un miniestado obliga al gobierno central, ley orgánica mediante, a negociar bilateralmente los temas financieros y de infraestructuras, mientras el resto de mininacionalidades tienen que conformarse con las sobras y sus políticos se maldicen íntimamente por no haber dado ellos ese primer paso.
La recesión económica no hace sino poner aún más de relieve lo insostenible de la situación actual. Los políticos han sido siempre proclives al derroche por la sencilla razón de que no utilizan su dinero, sino el ajeno, pero es que en el caso español tenemos una clase política elefantiásica y bastante más desvergonzada que la media, capaz de realizar las mayores tropelías a despecho del sentir de los ciudadanos, incluso en una hecatombe financiera como la que vivimos en la actualidad. El baldón que el ciudadano medio occidental debe soportar para financiar los caprichos de la casta política, en España multiplica su peso por diecisiete.
Mas lejos de renunciar a sus gabelas institucionales, la propaganda de los partidos con opciones de gobernar en Galicia y el País Vasco, como ocurrirá en el resto de autonomías cuando se acerque la fecha electoral, consiste básicamente en reclamar "más autogobierno", es decir, más dinero para poder disponer de él en la tarea de construcción de sus correspondientes nacioncitas, coartada habitual con que la clase política periférica justifica su existencia, cada vez más gravosa.
Y como ningún partido del consenso borbónico está dispuesto a reconocer la realidad, nuestro destino colectivo no puede ser otro que seguir huyendo hacia delante hasta que la maquinaria gripe irreversiblemente. El último ni siquiera tendrá que apagar el gas, porque la compañía proveedora nos habrá cortado el suministro varios meses antes. Una preocupación menos.
Después de ver estos vídeos tengo más claro (si cabe) que no hay solución posible dentro de esta malhadada constitución. Por fin una tertulia reúne a hombres que se atreven a denunciar que el régimen partitocrático establecido en 1978 es contrario a los principios democráticos más elementales y que supone un serio peligro para la unidad de España.
Ya era hora de ver un debate de altura, de personas que a las que no les duelen prendas en mostrar la cruda verdad, a diferencia de quienes tratan de ocultarla proponiendo parches y remiendos inútiles a una constitución que está cayendo a pedazos y que está arrastrando con ella a la nación española.
Me alegra, asimismo que sean cada vez más los periodistas que se dan cuenta de quién tiene la culpa de la crisis nacional e institucional que sufre nuestro país. Este es el caso de Fernando Sánchez Dragó, que en una de sus últimas columnas dijo lo siguiente:
Intentar que se apruebe una nueva Constitución. Nueva, digo. No basta con reformar la que ya existe. Propósito de la iniciativa: atajar los abominables excesos de ese monstruo de Frankenstein y de la Transición al que llaman Estado de las Autonomías. Si eso no se desmonta, bye bye, Spain.
El último punto de mi lista es un clamor. Lo pide, en privado, extramuros de Cataluña y de las Vascongadas, todo cristo. ¿Por qué casi nadie se atreve a pedirlo en público?
En fin, aquí os dejo los vídeos, que los disfrutéis. Se agradecerá su difusión.
(Extraído de la web de UPyD) Celebramos los 30 años de la mejor Constitución de la historia de España, pero nunca como en los últimos años había recibido tantos ataques de quienes deberían defenderla y mejorarla. Porque si bien la Constitución…
1 –… garantiza la unidad del Estado y la solidaridad entre todas las comunidades autónomas, lo cierto es que las reformas de Estatutos de Autonomía están destruyendo esa solidaridad y dejando en papel mojado la unidad del Estado y la igualdad de los ciudadanos. 2 –… afirma la cooficialidad del español en todas las comunidades autónomas, en varias está siendo marginado impunemente como si no fuera la lengua oficial y común de todos, sino una lengua extranjera peor tratada a veces que las que sí lo son.
3 - ... proclama que todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución, en la práctica asistimos a constantes desprecios y decisiones de gobierno inconstitucionales. 4-… prohíbe cualquier tipo de discriminación, en la práctica se han instaurado derechos diferentes en prestaciones sanitarias y educativas o de pensiones en función del lugar de residencia, de manera que no todos tenemos los mismos derechos en todas partes. 5-… proclama la libertad de residencia en todo el territorio, miles de personas del País Vasco y Navarra se han visto obligadas a cambiar de residencia o marcharse por la presión terrorista y la del “nacionalismo obligatorio”. 6-… garantiza el acceso de todos a los medios públicos de comunicación, en la práctica están al servicio exclusivo de los gobiernos, marginando o ninguneando a los demás. 7-… decreta que el objetivo de la educación es el desarrollo integral de la persona en valores democráticos, constatamos su constante pérdida de calidad e importancia. 8-… establece que la Administración pública deber ser eficaz y coordinada, asistimos a la multiplicación, descoordinación y derroche de administraciones superfluas, muchas veces duplicadas o triplicadas. 9-… proclama la unidad jurisdiccional de la administración de justicia, resulta que se están creando sistemas judiciales autonómicos con su propio “poder judicial”. 10-… asegura la independencia de la Justicia, ocurre que en la práctica son los partidos políticos los que nombran los órganos rectores del poder judicial y condicionan sus decisiones, imponiendo a sus jueces partidarios e ignorando a los independientes. 11-…ordena que la Fiscalía defienda siempre la legalidad, en la práctica aquella actúa a las órdenes del Gobierno de turno e incumple las leyes cuando a éste le conviene. 12-…establece que en ningún caso habrá privilegios económicos o sociales en unas comunidades autónomas respecto a otras, lo cierto es que todos los nuevos Estatutos pretenden privilegios económicos y sociales inconstitucionales, porque invaden competencias del Estado o introducen la discriminación de los ciudadanos de otras comunidades o lengua.
Al margen de la discusión de la idoneidad o no de la CE de 1978, el mayor problema que tenemos actualmente es que ésta no se cumple, o no se hace cumplir.
El siguiente artículo lo publicó José Javier Esparza en la revista El Manifiesto hace un año y medio, con motivo del 30 aniversario de las primeras elecciones (15 de junio de 1977) desde la II República. El texto no tiene desperdicio y creo que es de obligada lectura para quienes consideran que la Transición fue “modélica”. Espero que os guste.
¿Y no hay algo como sentimental y nostálgico en esta perpetua añoranza de los tiempos de la Transición, en esta evocación sensiblera y emotiva de “aquellos maravillosos años”? El país entero se ha volcado en la conmemoración del trigésimo aniversario de las elecciones de 1977. A falta de contenidos políticos, lo que hemos visto es cómo los cincuentones y sesentones entonan el “éramos tan jóvenes”. Un buen momento para pisar unos cuantos callos. La transición fue lo que fue, pero hoy estamos donde estamos. Y buena parte de la culpa la tiene, precisamente, aquella transición.
Sí, claro, siempre es mejor votar que no poder hacerlo, siempre es mejor tener la posibilidad de manifestarte que pelearte con los guardias, siempre es mejor poder escribir con un cierto grado de libertad –aunque sea arriesgándote al silencio- que no poder escribir en absoluto. Pero no se trata de eso. Ya no. Han pasado treinta años desde aquellas elecciones del 77 que tanto emocionan hoy a la “España Cuéntame”. Treinta años son muchísimos. Y en todo ese periodo, la acumulación de las cosas que han funcionado mal (o no han funcionado de ninguna manera) ha alcanzado dimensiones extraordinarias. Tanto, que ha bastado que un irresponsable eche un petardo en la pista para que todo el sistema se hunda en un mar de confusión.
La transición tabú
Un rasgo característico de la España de la transición ha sido el silencio; el silencio sobre todo aquello que no había que tocar para no “comprometer”. A lo largo de todo este tiempo ha habido una especie de “efecto tabú” sobre los fundamentos de la transición, una especie de papanatismo seudorreligioso que vetaba poner en cuestión sus principios so riesgo de ex comunión pública. Ese tabú tenía por objeto proteger al sistema, ponerlo al abrigo de críticas “involucionistas”, pero el resultado ha terminado siendo letal para el propio sistema.
No se podía proponer la reforma de la Constitución para no “fragilizarla”, pero el resultado ha sido que hoy estamos asistiendo a un proceso de alteración constitucional por la vía de los hechos, a través de la reforma de los estatutos de autonomía, sin que las instituciones del Estado estén en condiciones de detenerla.
No se podía hablar de la función moderadora del Rey para no “desestabilizar” la jefatura del Estado, pero el resultado es que hoy el Estado carece de otra dirección que no sea el capricho de la mayoría gubernamental.
No se podía reprobar la hegemonía nacionalista en Cataluña y el País Vasco para no fomentar tensiones en el Estado de las Autonomías, pero el resultado es que hoy el Estado de las Autonomías va camino de convertirse en una suerte de neocaciquismo confederal bajo las tensiones creadas por los partidos nacionalistas.
No se podía criticar la ley electoral porque eso ponía en riesgo la democracia, pero el resultado es que hoy quienes deciden las mayorías en las Cortes son los pequeños grupos –especialmente, los nacionalistas periféricos- y media España está gobernada por coaliciones de partidos perdedores; situaciones ambas muy poco democráticas.
No se podía poner en cuestión la injerencia de los partidos políticos en todos los terrenos de la vida pública, desde la Justicia a los canales públicos de televisión, porque eso sería debilitar la base de la representación ciudadana, pero el resultado es que los partidos han terminado ocupando todo el campo, en perjuicio de unos ciudadanos que cada vez se sienten menos representados.
Podríamos multiplicar por cien los ejemplos de cosas que no se han podido decir porque eran “malas” para la democracia. El resultado de ese silencio forzoso ha sido, en todos los casos, la implantación de una democracia menor, de segundo rango, una “mala” democracia.
El verdadero espíritu de la transición
La transición se construyó sobre unos pactos de supervivencia que a la larga han tenido, sobre todo, dos beneficiarios: la Corona y los nacionalismos periféricos. La Corona fue un empeño personal de Francisco Franco, que nunca pensó en otra cosa que en devolver la monarquía a España después de un periodo de estabilización económica y social. En la mentalidad del general, puede entenderse. Y la Corona, por su parte, nunca pensó en otra cosa que en evitar el destino que padeció en el pasado: la derrota y el destierro. Para evitar nuevas derrotas y nuevos destierros, la Corona creyó que por encima de todo debía ganarse a sus enemigos históricos: la izquierda y los separatismos. La fidelidad del franquismo sociológico se daba por supuesta; eran los otros los que debían ser integrados en el sistema. Y a lograr el milagro se emplearon las estructuras del Estado, es decir, el sistema de poder que había legado Franco.
Hablemos un poco de esas estructuras, de ese gran aparato que Franco –o, más bien, el franquismo- dejó en herencia. Es altamente improbable que Franco pensara seriamente en perpetuar su sistema. Quienes proyectaron un Estado de leyes fundamentales capaz de sobrevivir al dictador, como aquella arquitectura ideada por López Rodó y Fernández de la Mora, se encontraron con que el propio sistema no hizo el menor esfuerzo por darle vida. Nunca funcionó eficazmente, por ejemplo, el método de la democracia orgánica. Inversamente, lo que se desarrollaba era una estructura estatal que parecía persuadida de poder combinar las típicas libertades burguesas, en régimen controlado, con la verticalidad de un sistema autoritario. En la base de esa estructura crecía un ancho aparato de burócratas del poder nominalmente adscritos al Movimiento Nacional pero en realidad ajenos a toda ideología falangista: los “azules”, que es como se llamaba a Suárez, Martín Villa, Rosón, etc. Cuando ETA –sola o en compañía de otros- mató a la única persona capaz de prolongar el Estado del 18 de julio, que era el almirante Carrero Blanco, la reacción del régimen no fue sino la de un enroque sobre lo peor de sí mismo: Arias Navarro y el búnker del franquismo, esto es, un círculo que no tenía un proyecto de Estado, sino tan sólo un proyecto de poder. Desbancar al búnker era fácil con una sola condición: que pudiera operarse un relevo inmediato por una nueva elite de poder nacida del propio franquismo. Esos fueron los “azules”.
Los azules no tuvieran nunca un proyecto de Estado; lo suyo también era el proyecto de poder. Pero fueron capaces, eso sí, de alumbrar un “proyecto de sistema”. Ese sistema fue el que se edificó al compás de la transición: un sistema que entroncaría con la legitimidad anterior, pues sería monárquico, y que gustaría a los poderes internacionales, pues sería democrático. La Corona, los azules y los poderes internacionales conforman el núcleo básico de la transición. Un núcleo inicialmente muy denso, pues era emanación directa del franquismo, esto es, de un poder en presencia. Pero cuya función iba a consistir en abrirse, en perder densidad para integrar a aquellas fuerzas que, según se temía entonces, podían hacer saltar el proyecto. Esas fuerzas eran la izquierda y los separatistas.
Todo el sistema de consenso que nace de aquellos años, en realidad meses, puede definirse como un reparto de poder; si no formal, sí desde luego en la práctica de los hechos. A la derecha que provenía del franquismo se le respetó su poder económico, que aún tardaría unos años en extenderse a una nueva elite de ricos de izquierda (pero, en general, hijos de franquistas a su vez). A la izquierda, súbitamente multiplicada con la aparición de una joven izquierda autóctona, se le entregó descaradamente la cultura, la educación, buen número de medios de comunicación, en definitiva, la formación de las conciencias. A los nacionalistas periféricos, por su parte, se les concedió de hecho la hegemonía perpetua en sus territorios. La Constitución sancionó el reparto en una operación que teóricamente cerraba el proceso, pero que, en realidad, lo dejaba abierto, para que cada una de las fuerzas en presencia jugara su propio juego.
Es posible pensar que en aquellos años no había mejor forma de garantizar un sistema democrático estable. Aceptémoslo como reflexión piadosa. En todo caso, hoy no estamos ya en aquellos años. Hoy España es completamente diferente. En consecuencia, no tiene sentido prolongar una arquitectura del poder que ya no lleva a ningún sitio sino a la disolución, que es lo que estamos viviendo hoy.
Hoy hemos visto que todos quieren ser herederos de “aquellos maravillosos años”. Es una forma como cualquier otra de cerrar los ojos ante lo que tenemos delante. Pero seguramente hay otra España que lo que quiere es algo distinto: fabricar sus propios años maravillosos, que no estarán en el pasado, sino en el presente y en el futuro.
No hay país que sobreviva al hecho de que los ciudadanos que vivan en determinadas partes de su territorio no puedan utilizar el idioma nacional en la vida pública ni educar a sus hijos en la lengua materna, con el destrozo consiguiente para el futuro profesional de toda una generación. No hay país capaz de soportar por mucho tiempo un orden político en el que un miniestado obliga al gobierno central, ley orgánica mediante, a negociar bilateralmente los temas financieros y de infraestructuras, mientras el resto de mininacionalidades tienen que conformarse con las sobras y sus políticos se maldicen íntimamente por no haber dado ellos ese primer paso.
